• La visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe ser una ocasión para que los distintos actores, nacionales e internacionales, se comprometan con el Estado de Derecho, con la democracia, con las libertades y con la dignidad del ser humano.

 Caracas, Ene. 25.– Del 26 al 28 de enero estará en Caracas el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en visita oficial.

Sorprende que la visita se haya organizado con tanta discreción. Apenas ha sido en estas últimas semanas que la noticia ha trascendido y sólo hasta hoy se ha podido recibir una confirmación por parte de la ONU en relación con la fecha en la que se llevará a cabo, visto que el alto comisionado Volker Türk estuvo en Ecuador y de allí se trasladó a Colombia.

La visita de su predecesora, Michelle Bachelet (quien recibió una invitación oficial apenas tomó posesión de su cargo en septiembre de 2018), fue anunciada con bombos y platillos por el entonces canciller del régimen, Jorge Arreaza.

“Si así llueve que no escampe” podríamos imprecar ante las contundentes movilizaciones que se han desplegado durante el presente mes en todo el territorio nacional, que lo convierte en el enero más convulsivo en lo que va de siglo XXI, acumulando más de 100 protestas laborales aún cuando estamos iniciando la cuarta semana.

Deberíamos preguntarnos: ¿será que se fundió la estrategia propagandística de echarle la culpa al bloqueo económico de la miseria nacional? ¿ya no le funciona al régimen la permanente política de odio de pretender dividir a los venezolanos en “escuálidos y revolucionarios”? ¿estarán dispuestos trabajadores y sindicalistas chavistas a abandonar el desprestigiado barco de “la revolución”? ¿será que Maduro perdió la calle? ¿será que los trabajadores ante la pobreza general perdieron el miedo a protestar? ¿Qué piensan los trabajadores de la hemorragia de bonos en lugar de aumento de salarios?

Resulta evidente el agotamiento del ideario comunicacional de la tiranía en su objetivo de maquillar el desplome de nuestro país, al haber manipulado durante toda su gestión un discurso que pretendía mantener en vilo a la población en torno a supuestos magnicidios, tanto de Chávez como de Maduro, en base al mismo guion del tirano cubano señalado siempre como la “victima” de decenas de atentados, la existencia de guerras asimetricas del imperio, para finalmente durante la actual gestión achacarle la culpa a las sanciones económicas impuestas por la UE y EEUU desde 2017.

Estas campañas han sido acompañadas de una discrecional asignación presidencial de bonos en menoscabo del salario, y por otro lado empleando el garrote mediante el acoso a las marchas con los colectivos motorizados y las fuerzas policiales, sustentados con la ofensiva del poder judicial, el SEBIN, el DIM apresando, hostigando, fabricando falsos expedientes, a trabajadores, a sindicalistas, dictando medidas cautelares en procura de acallar la protesta laboral.

Las marchas de los trabajadores del sector público la semana pasada en todo el territorio nacional, incorporaron a diferentes sectores laborales: Sidoristas, educadores, trabajadores de la salud, profesores universitarios, trabajadores de diferentes ministerios, indicando la disposición de luchar por salarios dignos y empleos decentes.

La respuesta de la tiranía no fue el dialogo como se ha comprometido ante la OIT, por el contrario, envió a los colectivos de motorizados, y a bandas armadas a amedrentar las movilizaciones, por otra parte, en Guayana envió a la cárcel a 6 dirigentes de la protesta sidorista que exigía dolarizar los salarios.

¿Logró su objetivo? Para nada, fue el incentivo multiplicador de la decisión de miles de trabajadores públicos, quienes el lunes 16/01/2023 desafiaron a los cuerpos represivos del régimen autoritario en procura de una respuesta inmediata a sus justas exigencias.

La ira del régimen determinó como es su estilo en descalificar la protesta, la emprende contra todos, hasta con Monseñor Basabe, quien en su sermón el día de la Divina Pastora (14/01/2023) indicó “Que cesen las burbujas de la falsedad económica que pretenden ocultar al mundo la precaria situación en la que están inmersos la mayor parte de nuestros hermanos venezolanos”.

Así también contra los sidoristas obligándolos a cambio de su libertad provisional a firmar un “acuerdo” donde se culpa al “dólar criminal”, a los maestros de Aragua les envía sus bandas de motorizados a confrontar y “no aceptar la chilladera”.

Quienes han ejercido el poder en Venezuela durante el siglo XXI han sido objeto de calificativos de todo género por gobiernos, instituciones, individualidades, integrantes de instituciones democráticas del planeta, a partir de principios y convenios internacionales que han consagrado los derechos y libertades compartidos a nivel global y en el sistema de la ONU. En el caso de la gestión chavista ha sido utilizado por una mayoría aplastante un menú de categorías, que la han caracterizado desde las primeras de cambio como régimen autoritario, para luego señalar reiteradamente la deriva en dictadura, autocracia y tiranía.

Estas definiciones no han sido gratuitas provienen del ejercicio del mandato, resaltado por el culto a la personalidad, negar la alternabilidad democrática, emplear la tortura, la persecución, el asesinato a disidentes y cárcel a más de 300 presos políticos, la negación de la libertad de expresión, la prohibición de medios comunicación autónomos, precarizar la economía nacional, empobrecer la población, decretar expropiaciones salvajes, promover la diáspora de más de 8 millones de venezolanos, en fin, la política del terror como política de estado como método de mantener el poder. Todo ese pedigree de gestión aderezado con la unción de ser revolucionarios y propietarios del país hasta el fin de los tiempos.

De esta manera la esencia de esa lacra cívico-militar gobernante en Venezuela, le ha llevado a emparentarse con las ejecutorias de las tiranías del mundo, como lo ha podido constatar la comunidad internacional, al identificar en la política internacional de Maduro, el apoyo irrestricto a las matanzas del carnicero de Siria Bashar Al Assad, la represión implacable contra las protestas por los derechos de la mujer en Irán, la prisión y el asesinato a opositores de Diaz Canel en Cuba, la criminal invasión de Putin a Ucrania, la persecución y el terror de Daniel Ortega contra la disidencia en Nicaragua, al régimen del terror de Kim Yong-Un en Corea del Norte, la opresión de las libertades en la China Comunista de Xi Jinping. A todos y cada uno de estos países ha enviado delegaciones como demostración de aprobación a sus crímenes de lesa humanidad.

Ahora bien, estas prácticas inhumanas tampoco son extrañas a la población venezolana, ya que a lo largo de más de dos décadas las han aplicado con saña y alevosía en nuestras fronteras, lo que no deja ninguna duda, ni margen a la especulación sobre la calaña de la tiranía que azota a nuestro país, quien pretende redondear su faena imponiendo un Estado Comunal inexistente en nuestra constitución nacional, basado en los modelos fascista-estalinistas que asolaron al mundo en el siglo XX.